Estamos viviendo un periodo en el que se han ajustado los presupuestos de las Administraciones a costa del empleo, las condiciones de trabajo, el gasto social y la calidad de servicios públicos fundamentales para sostener el Estado del Bienestar. Comenzó con la reducción del salario de un 5% para los empleados públicos, una Reforma Laboral que ha generado más desempleo y desprotección y ha continuado con ajustes de las finanzas en las Comunidades Autónomas que afectarán al conjunto de administraciones locales y entidades públicas.
Para los próximos años se nos anuncian nuevos recortes que equilibren las cuentas públicas y resuelvan los problemas generados por unas equivocadas previsiones y una inadecuada gestión. Unos recortes que en poco pueden contribuir a la necesaria reactivación económica y transformación del tejido productivo de nuestro país y de la Región de Murcia.
Si continúan en esa línea, las nuevas medidas atacarán, otra vez, los derechos ciudadanos y la ya mermada cohesión social existente en nuestra Región y en el conjunto del Estado.
Durante los años de crecimiento económico no se mejoraron los índices de pobreza y exclusión social, tampoco los educativos o los de salud; y la creación de empleo fue con trabajo precario y de baja cualificación. Y ahora, cuando la crisis económica provocada por las ansias de riqueza y la desregulación de los mercados financieros ha llegado a su cenit, se pretende resolverla agudizando sus efectos en quienes ya la sufren.
Ejemplo de ello es el reciente “Plan de reequilibrio financiero” de la Comunidad Autónoma
En Educación, siendo la última Comunidad del Estado en titulaciones superiores, con necesidades en infraestructuras, apoyos para alumnado con problemas de aprendizaje o de apoyo a las familias; se retiró el “Bonolibro”, se disminuyeron los presupuestos para funcionamiento de los centros (entre un 15 y un 27%). No se pagan las subvenciones a las AMPAS para actividades extraescolares. Además, el próximo curso se presenta con una reducción de 1500 personas en las plantillas docentes y recortes en el personal de atención complementaria y de administración y servicios, con la aplicación de la nueva jornada laboral y el incumplimiento del acuerdo de plantillas; con el consiguiente efecto negativo en apoyos, refuerzos y sustituciones.
En Sanidad tenemos indicadores de salud (morbimortalidad cardiovascular, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol...) peores que la media del conjunto del Estado, a pesar del enorme agujero presupuestario que ha generado la Administración Regional en este tema (814 millones). Se suspende la actividad en quirófanos y pruebas diagnósticas por la tarde, en los Centros del Servicio Murciano de Salud, con el consiguiente incremento de las listas de espera. Se tuvo que paralizar el programa de prevención del cáncer de mama o dejan de hacerse electrocardiogramas en algunos centros de salud, mientras nuestro gasto farmacéutico está a la cabeza del Estado, con la menor proporción de genéricos recetados.
En Política Social, los presupuestos para este año sufrieron un serio recorte, anulando prácticamente la atención que se ofrece para prevenir el fracaso escolar, la exclusión territorial, el chabolismo… dejando en la estacada a numerosas organizaciones sin ánimo de lucro que, atendiendo obligaciones de la Administración , hoy se ven endeudadas por el impago de las subvenciones correspondientes a los años 2009 y 2010, e incluso otras se han visto sin otra opción que desaparecer. En el IMAS se redujeron programas de acompañamiento social a colectivos en exclusión y de mejora de la empleabilidad. Para inmigración se redujo un 60% del presupuesto.
En Educación Compensatoria se redujo un 80% el único programa abierto a entidades sin ánimo de lucro, desaparece la ayuda a escuelas infantiles y las ayudas individualizadas de transporte y material escolar, reduciéndose en dos terceras partes las de comedor. La reducción presupuestaria en programas de empleo y formación dirigidos a colectivos en exclusión fue de un 60% para este año.
La Ayuda Oficial al Desarrollo se ha reducido en casi un 60% en dos años, por lo que se incumple la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma, nos alejamos cada vez más de la consecución del 0,7 y nos situamos a la cola de España en Ayuda Oficial al Desarrollo. Además, la reducida cifra resultante se ha otorgado, en su mayoría, a subvenciones directas sin realizar una convocatoria publica que garantice los principios de transparencia, publicidad y concurrencia.
Al mismo tiempo se han seguido manteniendo políticas de privatización y externalización, favoreciendo a empresas que prestan servicios con un resultado económico más gravoso para las arcas públicas. Incluso se externalizan trabajos que podían ser, sin costo alguno, realizados por personal de la Comunidad Autónoma. Una externalización que, fruto de la falta de tesorería de las administraciones públicas, está degradando también las condiciones de laborales de miles de personas que trabajan en estas empresas, poniendo en serio riesgo la continuidad y supervivencia de muchas de ellas.
En la Región de Murcia hemos llegado al record histórico del 26,16% en la tasa de paro, con 192.100 personas desempleadas. En el Estado estamos en la frontera de los 5 millones de desempleados, con el 45% de paro entre los jóvenes menores de 25 años. Frente a ello, los Gobiernos Central y Autonómico se empeñan en reproducir políticas antisociales y que castigan a la mayoría de la ciudadanía, mientras asistimos con estupor al incremento de los beneficios de grandes empresas y entidades financieras, que aprovechan esta situación de crisis para degradar de forma generalizada las condiciones de vida y trabajo de la mayoría de la población.
Con este panorama, el Presidente Valcárcel saca a pasear el fantasma del copago en Sanidad y Educación, justo en el sentido contrario al de la gratuidad y la universalización de los servicios públicos básicos. Quiere que cada cual pague en función de sus necesidades, independientemente de sus posibilidades, en vez de de garantizar la igualdad de acceso a los servicios básicos.
El copago en la asistencia sanitaria supondría un impuesto a la enfermedad y una barrera al acceso a la atención sanitaria para las personas más enfermas y con menor renta. En la Educación significaría que tendrían que pagar más las familias con más hijos e hijas, o las personas que tuvieran necesidades educativas especiales. De momento ya van a subir las tasas de matrícula en Educación de Adultos, Idiomas, Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas, no descartando las subidas en los estudios Universitarios. Y todo ello en un contexto de crisis económica y con alta tasa de paro, que lo hace más injusto e insolidario y que incrementará las desigualdades sociales.
Mucho nos tememos, que esta espiral de recortes sociales no acaba aquí. Aún se nos piden más sacrificios, pero no vemos que se exija ninguno a los más ricos y poderosos, ni a los políticos que nos gobiernan y deberían darnos ejemplo.
No podemos dejar sin respuesta estas amenazas que, de cumplirse, se sumarían al cúmulo de recortes sociales que ya son una realidad en la Región de Murcia y en el conjunto del Estado. Y más cuando no se ha tomado ni una sola medida que recorte en los gastos suntuarios o de asesorías y no han disminuido los favores a las redes clientelares ni han aumentado los ingresos reforzando la progresividad fiscal. La fiscalidad sobre las grandes rentas y los grandes capitales es un tema tabú en la agenda política nacional y regional.
Es por lo que, junto a UGT, CCOO y la INTERSINDICAL, las organizaciones sociales firmantes, nos unimos a la manifestación de este 17 de mayo. Una manifestación que recuerde la firmeza mostrada, en los últimos meses, contra los recortes y que haga que, quien nos gobierne tras el 22 de mayo, sepa que el conjunto de la ciudadanía no está dispuesta a pagar por una mala gestión económica y presupuestaria ni por una crisis de la que ya está siendo la principal perjudicada. La ciudadanía no puede permitir que el equilibrio presupuestario se consiga a costa de menos y peores servicios públicos y de más paro. De aumentar las necesidades en vez de atenderlas.
La obligación de las Administraciones es hacer realidad los derechos básicos: empleo, vivienda, educación, sanidad, atención a personas dependientes… de modo universal, no sólo para quien pueda pagarlos.
Exigimos al futuro gobierno Regional transparencia en la gestión de los asuntos públicos. Exigimos que escuche a la sociedad murciana, que ha venido manifestándose desde hace meses. Exigimos que respete la participación democrática de la sociedad civil en las decisiones que afectan a la población. Exigimos, por último, el derecho a la negociación colectiva para sus empleados y empleadas.
Las organizaciones sociales y sindicales, las personas trabajadoras, empleadas y en paro, tanto del sector público como del privado, y la ciudadanía en su conjunto, seguimos alerta ante las políticas que cuestionan nuestras conquistas sociales y que pretenden seguir recortando nuestros derechos. Después del 22 de mayo no se habrá acabado todo, aunque haya quien lo piense así.
Seguiremos en la calle, seguiremos defendiendo la creación de empleo, el mantenimiento de los servicios públicos y políticas sociales que frenen la pobreza y la exclusión. Seguiremos diciendo que otras políticas son posibles. Seguiremos defendiendo los derechos sociales y laborales que tanto trabajo ha costado conseguir.
Dignidad y resistencia.
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